El Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina Héctor Timerman anunció su renuncia como socio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) – el objetivo del atentado terrorista de 1994 que mató a 85 personas y por el cual el sistema judicial argentino ha responsabilizado a varios exfuncionarios del gobierno iraní. En su carta, ampliamente difundida en los medios argentinos, Timerman dijo que estaba informando sobre su “renuncia como socio y, al no pertenecer a vuestra organización, la DAIA ya no tiene el derecho a hablar en mi nombre”, haciendo referencia a la organización nacional fundada en 1935 que aglutina a las organizaciones judías argentinas.
“Motiva tal decisión la certeza que ambas instituciones (AMIA y DAIA) con su accionar obstruccionista continúan impidiendo el avance en la investigación del criminal atentado terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994 a la vez que alimentan, tal vez sin desearlo, campañas de quienes pretenden usar dicha tragedia para fines contrarios a los intereses nacionales”, escribió Timerman.
“Es intolerable e inadmisible la más mínima insinuación de que la entidad y sus autoridades puedan haber actuado con ánimo de obstaculizar el curso de la investigación por el atentado terrorista del cual fuimos víctimas,” sostuvieron desde la AMIA a través de un comunicado.
Del mismo modo, el presidente de la DAIA, Julio Schlosser, dijo, “fueron los propios iraníes quienes hicieron que el Memorándum se diera de baja, por lo que no entendemos la acusación de Timerman en su carta de renuncia cuando dice que tuvimos actitudes obstruccionistas.”
Este movimiento del Ministro de Relaciones Exteriores se produce en un momento de creciente presión política por parte del gobierno argentino, del cual Timerman es integrante de alto rango, sobre los jueces y fiscales para revertir la inconstitucionalidad del acuerdo de la “comisión de la verdad” de Argentina con Irán para investigar conjuntamente el atentado por el que Argentina ya ha acusado formalmente a Irán de ser su autor. La DAIA se opuso firmemente a una investigación conjunta con los acusados de ser los autores del atentado en sus propias instalaciones, lo cual es considerado como “obstruccionista” por el gobierno.
También se produce el mismo día en el que un equipo de forenses investigadores se reúne para intentar resolver las diferencias entre autopsias rivales con respecto al asesinato del fiscal Alberto Nisman. Recientemente se informó que la fiscal Viviana Fein recibió una carta de Roberto Godoy, del cuerpo médico forense de la Corte Suprema, que indicaba que no se había descartado la participación de terceros en la muerte de Nisman. También ha habido una autopsia técnicamente detallada de la familia que encontró que Nisman fue asesinado. Ya han pasado más de 100 días desde su muerte mediante un disparo de arma en la cabeza. La muerte de Nisman se produjo un día antes de que tuviera que declarar en el Congreso por las pruebas que había obtenido sobre la supuesta participación de Timerman y la Presidenta Cristina Kirchner, entre otros, para usar el memorándum de entendimiento para proporcionar impunidad a Irán a cambio de mejores relaciones comerciales.
Según Mark Lagon, de Freedom House, en Washington, D.C., el gobierno argentino ha estado interfiriendo con la investigación sobre la muerte de Nisman casi de forma permanente. “La investigación en torno al episodio fue desprolija”, escribió en El País de España, “permanentemente afectada por el accionar del Gobierno y la presión ejercida sobre los Jueces y Fiscales a cargo del caso”.