Por Dexter Filkins | The New Yorker
Traducción de Jaime Arrambide
Esta es la nota completa traducida que LA NACION presenta en exclusiva sobre el caso Nisman publicada originalmente en la revista estadounidense The New Yorker , el lunes 13 de julio de 2015.
En sus últimos días de vida, Alberto Nisman estaba impaciente por hacer frente a sus enemigos. El 14 de enero de este año, el fiscal Alberto Nisman había hecho una electrizante acusación contra la presidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. La acusaba de haber orquestado un plan secreto para echar por tierra la investigación del ataque terrorista más sangriento de la historia argentina: el atentado suicida de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la organización judía más grande del país, donde murieron 85 personas y más de 300 resultaron heridas. Nisman, un meticuloso hombre de 51 años con afición por el jolgorio de la noche porteña, había investigado infructuosamente el caso durante una década, con frecuentes viajes a Estados Unidos para obtener ayudar de funcionarios de inteligencia y asesores del Capitolio. En 2006, imputó a siete funcionarios del gobierno de Irán, incluidos el ex presidente y el ex ministro de Relaciones Exteriores, a quienes acusaba de planear y dirigir el ataque, junto con uno de los cabecillas del grupo de milicias libanesas Hezbollah. Meses después, Nisman libró órdenes de captura internacionales para cinco funcionarios iraníes, impidiendo de esa manera que pudieran abandonar Irán. Cuando el caso lo convirtió en una celebridad, Nisman invirtió en lentes de contacto azules e inyecciones de Botox. “Veía una cámara cerca y listo: dejaba todo lo que estuviera haciendo”, dice Roman Lejtman, un periodista que cubría la investigación.
Con los años, el caso AMIA (como se lo conoce, por las siglas de la mutual judía) fue dejando al descubierto las falencias del sistema judicial de la Argentina. El juez a cargo fue acusado de intentar desviar el resultado, al igual que varios importantes funcionarios políticos argentinos. Las autoridades de Irán se mofaban del pedido argentino de extraditar a los acusados, y hasta emitieron un orden de arresto contra Nisman. El fiscal perseveró, presionando a los iraníes en cada oportunidad que se le presentaba. Contó desde un primer momento con el pródigo apoyo de los presidentes argentinos, primero de Néstor Kirchner, que en 2004 eligió a Nisman para supervisar la investigación, y luego de Cristina, que sucedió a su marido tras las elecciones de 2007. Cada mes de septiembre, Cristina Kirchner viajaba a Nueva York para denunciar al régimen de Irán ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y cada vez que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad ingresaba para hablar ante la Asamblea, los diplomáticos argentinos, por orden de Cristina, se retiraban del salón.