17 Junio 2015
Causó conmoción, semanas atrás, la difusión de un video con aparentes gruesas desprolijidades e irregularidades cometidas en el departamento del fallecido fiscal Alberto Nisman por personal de las fuerzas de seguridad encargadas del levantamiento de rastros y huellas.
No es la primera vez que, por esos motivos, se cuestiona la labor de la fiscal Viviana Fein, quien tiene a su cargo la investigación sobre la causa de la muerte del titular de la Unidad Fiscal AMIA. Esa muerte ocurrió pocos días después de que Nisman les imputó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman y a otros funcionarios y allegados al Gobierno el encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado contra la AMIA, valiéndose del indefendible acuerdo firmado con el gobierno iraní.
Fue la cercanía de la denuncia y la repentina muerte lo que alentó las sospechas de que, lo que al principio aparecía como un suicidio, podía tratarse de un homicidio.
Ya muerto Nisman, las opiniones cambiantes de la presidenta de la Nación ahondaron las sospechas sobre lo ocurrido. Idéntico resultado lograron los sucesivos fallos judiciales que desestimaron la denuncia judicial de Nisman. Y no menos suspicacias provocaron las operaciones de inteligencia propaladas por el Gobierno para exhibir ante la opinión pública aspectos de la vida personal del fiscal de la causa AMIA con el propósito de desacreditarlo y así denostar su labor.
Si bien hubo quienes consideraron, dentro y fuera de la Justicia, que la denuncia de Nisman contra la Presidenta carecía de respaldo probatorio, también hubo voces que la defendieron y consideraron que su trabajo no debía ser desestimado sin realizarse una investigación exhaustiva.
Desde estas columnas hemos sostenido esa última tesitura. Una profunda y profesional investigación era lo que se imponía porque, al margen de la endeblez o no de las pruebas ofrecidas, una denuncia tan grave, con la Presidenta y el canciller imputados de encubrir a los acusados del más grave atentado terrorista ocurrido en suelo argentino, no podía desecharse sin que previamente se llevara a cabo un análisis judicial serio e independiente. La primera mandataria debería haberse sometido a esa investigación sin aguardar a que las distintas instancias procesales cerraran esa vía sin haberse despejado todas las dudas.
Por la misma razón, es imprescindible que la labor que lleva a cabo la fiscalía a cargo de Fein para determinar la causa de la muerte de Nisman no deje cabos sueltos ni zonas de misterio en cuanto a lo verdaderamente ocurrido.
En ese sentido, los primeros momentos de la investigación revelan los errores más elementales, comenzando por la impropia presencia del secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien nada tenía que hacer allí dado que no es un investigador profesional dedicado a esas labores, sino el responsable político del área. El juez actuante en primer término y la fiscal toleraron esa presencia indebidamente.
A ello deben agregarse circunstancias que surgen del video difundido en el programa Periodismo para todos, donde pueden verse groseras fallas en la recolección de pruebas, tales como la presencia de numerosas personas ajenas a las labores mientras éstas se realizaban; la ausencia de guantes o protectores para que los zapatos no contaminaran la escena; rastros de cabello que no fueron levantados; una caja fuerte cuyo contenido es revisado por una persona sin guantes, entre otras circunstancias llamativas. Ello se ve coronado con una maniobra que podría haber arruinado en forma irreversible un rastro fundamental, como la limpieza del arma homicida de una manera escasamente profesional.
Por otro lado, el posterior desarrollo de la investigación también parece reprobable, ya que los procedimientos se desenvuelven con gran lentitud y las pruebas o pedidos de informes sufren demoras inexplicables. No puede imputarse ello a la actividad de las partes, en especial a los reclamos de la querella. La moderna doctrina dice que toda la actuación procesal, mientras sea lícita, es parte de los derechos constitucionales que asisten a los protagonistas del proceso, siendo en última instancia la fiscal o la jueza actuantes quienes tienen la responsabilidad de poner límites a cualquier maniobra dilatoria.
Mientras tanto, siguen en pie numerosas dudas sobre la presencia de una zona liberada en el momento del hecho, algunas sospechosas fallas en el sistema de cámaras y en la seguridad del edificio, así como la inexplicable actitud de los custodios de la Policía Federal, que, pese a su gran número, no actuaron como correspondía ni antes ni después del hecho.
Más allá del resultado final de los peritajes, estos hechos nos llevan a reflexionar sobre las fallas que habitualmente se presentan en las investigaciones policiales. Nuestro país cuenta con un lamentable historial de irregularidades, errores y horrores que han condenado a importantes causas judiciales a permanecer sumidas para siempre en la incertidumbre o que, en el mejor de los casos, han producido sustanciales pérdidas de tiempo y en muchas ocasiones impunidad. Sin ir más lejos, y sólo por citar algunos ejemplos resonantes, es lo que sucedió con los atentados contra la embajada de Israel y contra la sede de la AMIA, perpetrados en 1992 y 1994, respectivamente; la muerte en 2003 de Lourdes di Natale, ex secretaria de Emir Yoma, y el caso de la niña Candela Rodríguez, en 2011.
Estos antecedentes y muchos más que suceden a diario nos llevan a reclamar que se introduzcan las reformas necesarias en la labor policial, creando cuerpos especializados que actúen sin interferencias políticas o administrativas con las condiciones necesarias para una labor científica que pueda aportar celeridad y confiabilidad, y rodeados de un marco legal que garantice la legitimidad de los procedimientos y la eficiencia. De lo contrario, no se podrá llegar a la verdad y la Justicia seguirá gravemente afectada en su credibilidad por la desconfianza que estos casos generan en la ciudadanía.