8 Diciembre 2015
Desde que se inició, el 18 de julio de 1994, la causa AMIA sintetizó los peores vicios políticos y judiciales del país, y registró dos hitos decisivos en el kirchnerismo: se derrumbó la investigación original y fueron denunciados el ex juez federal Juan José Galeano y el ex presidente Carlos Menem. La presidenta Cristina Kirchner fue también denunciada por el fiscal Alberto Nisman, que terminó muerto. Once meses después de aquel balazo, el 18 de enero pasado, aún se ignora si el fiscal se suicidó o si se trató de un asesinato político para frenar la causa que amenazaba lo más alto del poder.
La hipótesis de Nisman era que la Presidenta firmó en 2012 un acuerdo secreto con Irán para levantar los pedidos de captura contra ex funcionarios iraníes acusados de planificar el ataque, a cambio de reanudar lazos comerciales. Es decir, impunidad por negocios. Cuatro días después de presentar esta denuncia, Nisman apareció muerto antes de ir al Congreso para explicar su denuncia. Desde entonces, la investigación judicial sobre su muerte, que quedó en manos de la fiscal Viviana Fein, fue errática e ineficiente. Aún no hay un dictamen oficial que determine qué pasó.