Por Mark P. Lagon, 14 abril 2015
El 18 de Enero de este año apareció muerto en su apartamento el fiscal argentino Alberto Nisman, quien tenía a su cargo la investigación en torno al atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en Buenos Aires en 1994, el cual acabó con la vida de 85 personas. Su muerte ocurrió un día antes de presentar ante el Congreso de la Nación una acusación formal contra la Presidente Cristina Fernández de Kirchner, señalándola como responsable de una negociación con el gobierno de Irán para dejar impune a los responsables del atentado a través del levantamiento de las alertas rojas contra altos funcionarios iraníes implicados.
Aún se desconocen las circunstancias exactas de la muerte de Nisman, no habiéndose encontrado los responsables. Si bien la teoría que cobra más fuerza es la del homicidio y encubrimiento, la investigación en torno al episodio fue desprolija, permanentemente afectada por el accionar del Gobierno y la presión ejercida sobre los Jueces y Fiscales a cargo del caso.
La impunidad en el caso de la muerte de Nisman es un reflejo del deterioro del Estado de Derecho en la Argentina durante los últimos 12 años, así como del creciente apremio del gobierno sobre las libertades civiles, los permanentes intentos del Poder Ejecutivo por ejercer un mayor control sobre la justicia y los ataques sistemáticos en contra de la libertad de prensa.