Por Clifford D. May y Toby Dershowitz
Durante más de una década, Alberto Nisman investigó el peor ataque terrorista cometido jamás en suelo argentino: el atentado contra la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) en Buenos Aires (1994). Hubo ochenta y cinco muertos y centenares de heridos.
Hace cuatro años, el fiscal federal daba los últimos retoques al informe en el que acusaba a la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner –y a decenas de personas más– de ayudar a encubrir la responsabilidad de la República Islámica de Irán en el atentado.
El 18 de enero, el día antes de que acudiese al Congreso argentino a presentar su informe,Nisman fue encontrado muerto en el baño de su apartamento, cerrado con llave y radicado en la planta 13º del edificio en el que residía. A muy poca distancia de su cabeza, había sido detonada una bala del calibre 22.
Kirchner dijo inicialmente que su muerte había sido un suicidio, a pesar de que no se encontraron sus huellas en la pistola Bersa que había junto a su cuerpo, ni restos de pólvora en sus manos.
Hace poco más de un año, una investigación llevada a cabo por 28 expertos forenses y funcionarios judiciales determinó de forma concluyente que Nisman no se había suicidado. De hecho, lograron deducir que dos personas le habían violentado, sedado y finalmente disparado.
¿Quiénes eran esas personas? ¿Y de quién recibían órdenes? Los argentinos que intentan responder a estas preguntas se ponen en peligro.
A finales del mes pasado, la juez federal Sandra Arroyo Salgado, exmujer de Nisman y madre de sus dos hijas, se retiró oficialmente de la investigación. Los motivos: las constantes amenazasy la “necesidad de garantizar la protección y seguridad de la familia”, como dijo por medio de un comunicado.
Nisman se sirvió de conversaciones grabadas para armar su caso contra Kirchner. En una de ellas se hablaba de un aliado, el exoficial de inteligencia Antonio Stiuso. Se oye decir a Kirchner: “Tenemos que matarlo”. Los defensores de la expresidenta afirman que no lo dijo con una intención literal. A Stiuso esa explicación no le resultó convincente y huyó del país con su familia.
En septiembre de 2017, el exembajador de Argentina en Siria Roberto Ahuad reveló que el exministro argentino de Exteriores Héctor Timerman había visitado Siria en enero de 2011 para cerrar un acuerdo con Irán, bajo los auspicios del dictador sirio, Bashar al Asad. Un día, Ahuad recibió un mensaje que decía: “¿Cuándo te vas a suicidar?”. Y en otro le advirtieron: “Cuidado con los suicidios inducidos”.
Eduardo Taiano, el fiscal jefe de la investigación sobre el asesinato de Nisman, ha recibido mensajes donde le amenazan con hacerle –a él y a su hijo– lo que le hicieron a Nisman.
Pero Taiano sigue investigando, y está prestando especial atención a llamadas registradas en más de 150 números de teléfono –muchos de ellos asignados a oficiales de inteligencia– el día que se encontró el cuerpo de Nisman.
Mucho antes de implicar a funcionarios argentinos en la conspiración, Nisman halló pruebas sólidas de que funcionarios de la República Islámica de Irán habían planeado y financiado el atentado contra la AMIA, y de que Hezbolá, su satélite terrorista, lo había ejecutado.
Mohsén Rabani fungía de agregado cultural en la embajada de la República Islámica de Irán en Buenos Aires meses antes del atentado contra AMIA. En 1997, después de que las autoridades argentinas emitieran una orden de arresto contra él, e Interpol una alerta roja (solicitud para localizar y detener provisionalmente a un individuo, con vistas a su extradición al país que así lo solicite), logró regresar a Teherán. A día de hoy, siguen activas alertas rojas contra otros cuatro oficiales iraníes vinculados con el atentado.
Las pruebas también apuntan a la responsabilidad de Hezbolá por el atentado contra la embajada israelí en Buenos Aires (1992), en el que murieron 29 personas y más de 200 resultaron heridas. Las autoridades argentinas señalaron a Imad Mugniyeh, infame cabecilla de Hezbolá que también fue el cerebro del atentado contra los barracones de los Marines estadounidense en Beirut en 1983. (Mugniyeh murió en Damasco en 2008, en lo que pudo ser una operación conjunta de Israel y EEUU).
¿El motivo más probable del atentado contra AMIA? A su manera especial, los gobernantes de Irán estaban transmitiendo su malestar por la suspensión del Gobierno argentino de la cooperación bilateral en materia nuclear.
En cuanto al encubrimiento, Nisman creía que se estaba trabajando en un acuerdo para retirar las alertas rojas a cambio de petróleo.
Teherán y Hezbolá llevan mucho tiempo buscando influencia y poder en América Latina, también por medios ilícitos. Ya en 2004 el Departamento del Tesoro de EEUU señaló a Asad Ahmad Barakat, ciudadano paraguayo de origen libanés, como terrorista y financiador de Hezbolá. Se cree que él y otros miembros de su familia procuraron apoyo logístico para los atentados contra AMIA y la embajada de Israel.
Recientemente, Argentina congeló los bienes de 14 miembros del clan Barakat, con lo que se lanzó el mensaje de que Mauricio Macri, presidente argentino electo en 2015, no está dispuesto a dar carta blanca a Hezbolá.
Hace unas semanas, el Departamento de Estado de EEUU celebró una reunión ministerial con destacados funcionarios de América Latina para lanzar otro mensaje: hay que parar los pies a los agentes de Hezbolá en el Hemisferio Occidental.
Dicho esto, queda por ver si alguna vez se pedirá cuentas a Hezbolá o a la República Islámicapor los ataques terroristas de 1992 y 1994, y si se llevará a alguien a los tribunales por tratar de borrar sus huellas, así como por el asesinato del investigador que siguió los hechos allá donde le llevaran.
Ese investigador, unos días antes de ser asesinado, dijo proféticamente: “Con o sin Nisman, las pruebas están ahí”. Argentina se enfrenta ahora a un dilema: actuar sobre la base de esas pruebas o rendirse a los terroristas y los asesinos. Por decirlo de otro modo: debe decidir qué clase de nación es y será.